La historia se repite una y otra vez desde hace décadas. Salta la alarma. Se analizan las torres de refrigeración empresariales, se tratan los enfermos y a correr.
La Generalitat ha detectado una torre de refrigeración infectada en una de las poblaciones, Sabadell. Se trata de una empresa que asegura haber limpiado las torres de refrigeración a la vuelta de vacaciones, en agosto, tal como marca la ley.
Los análisis de laboratorio son, sin embargo, los que dirán si hay relación o no entre las colonias de legionella de la torre y la legionelosis clínica tratada. No siempre coinciden.
En un 50 o 60% nunca se llega a saber con exactitud de donde parte la epidemia.
Después de una semana sin nuevos casos la Generalitat consideró que los brotes estaban controlados. Y eso es todo, cuarenta casos confirmados, ocho muertos por el momento y hasta el verano-otoño que viene.
Pero, sin embargo, no todo el mundo quiere pasar página esta vez. La presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, reclamó al fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, que abriese una investigación sobre el brote de Legionela.
El motivo es que la situación se puede haber creado por “los recortes en personal, de medios de controles” y afirma que “entendemos como ilícito penal por dejación de funciones o negligencia de los mandatarios”. Por tanto, reclama, ante la gravedad del problema, “valorar la cantidad de afectados que realmente existen y la situación en la que se encuentran las víctimas”, y que “se depuren responsabilidades a que haya lugar de las personas encargadas del mantenimiento estricto del estado y limpieza de las zonas públicas”.
Su denuncia es una auténtica piedra en el escaparate “oficial” de la Legionellosis.
La legionella es una bacteria relativamente “reciente”, se clasificó el mismo año que el virus del ébola, 1976. Este, en la República Democrática del Congo, la otra en Estados Unidos.
En ambos casos el foco de orígen, aunque conocido teóricamente, suele pasar desapercibido. Una afecta a los siempre ignorados africanos, otra mata a personas mayores y enfermas trabajadoras del segundo y primer mundo.
La mayoría de las personas expuestas a la bacteria no contraen la enfermedad, y el contagio directo entre personas no se ha documentado. Se trata de un cuadro febril que acaba en pneumonía, mortal para los que tienen una enfermedad de base importante.
Así es, personas mayores, diabéticos, fumadores, alcohólicos, enfermos inmunodeprimidos, con problemas respiratorios o renales crónicos son los que tienen más probabilidades de contraerla, y de morir a causa de ella.
El perjuicio no es alarmante para las cuentas de beneficios de los que tienen poder de decisión sobre la salud.
Quizás por eso, a pesar del contexto social y geográfico tan distante, ni el ébola tiene un tratamiento eficaz, ni la legionella tiene un tratamiento específico (se da el que a otras pneumonías).
La enfermedad está infradiagnosticada puesto que se puede confundir con cualquier otra pneumonía. Sólo cuando se producen brotes, como el actual o el que ocurrió en Calpe, Alicante, en 2012, el más importante de España asociado a viajes con 42 afectados, se levanta la liebre. De prevención ni hablar.
Recientemente, un estudio liderado por el centro vasco de investigación en biociencias CIC bioGUNE ha descubierto que cuando la bacteria de la legionela infecta las células humanas libera una proteína, llamada VipD, que inactiva el “estómago” celular encargado de destruirlas y digerirlas.
Esta proteína podría servir como diana de futuros fármacos que impidan a la bacteria llevar a cabo la infección. Pero eso, pese a ser un avance, no va más allá de que las farmacéuticas aprueben nuevos y costosísimos fármacos para paliar los efectos.
La parte social de la enfermedad es la que esta obviada. Como riesgo laboral para muchos profesionales, como técnicos de mantenimiento de suministro de aguas y sistemas de aire acondicionado u otros expuestos a máquinas nebulizadoras, es un problema desatendido, tal como afirma la Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo.
Luego, la norma es la parsimonia y la opacidad de las administraciones al estallar un brote, lagunas e inconsistencias que siempre dan qué pensar.
La posibilidad de que el foco originario del brote esté en dependencias públicas, como hospitales, o que se detecten torres de refrigeración ilegales pone en el punto de mira una legislación insuficiente y unos responsables sanitarios y políticos que no velan por la salud pública más allá de los intereses de sus patronos.
En la propia jerga se ve. Cuando nos dicen “la situación está controlada” significa que la repercusión es pequeña, unos pocos muertos. Pero no implica necesariamente que está detectado el origen y se ha puesto coto a la extensión, como cabría esperar.
Lo cierto es que las medidas de prevención sobre los brotes de legionella son difusos, insuficientes, y totalmente desligadas de los servicios de Salud Pública. El hecho de que la salud pública no tenga ninguna función ni responsabilidad directa sobre la autorización, instalación y control de los sistemas productores de riesgo refleja el nulo interés en atajarla.
En el fondo, pone de manifiesto el insuficiente peso relativo de la salud pública frente a la sanidad asistencial. Eso es, la actividad preventiva frente a la paliativa. Este es un problema general de nuestra sanidad.
Según los informes anuales de vigilancia de la Legionelosis en Europa, España está en los puestos de cabeza.
Y la combinación de una sanidad virando a un ritmo trepidante hacia el “sálvese quien pueda” y “tanto tienes, tanto vives” y una política general de ahorro de costes en toda la actividad empresarial e institucional, no es precisamente el mejor augurio de que la Legionella vaya a ir a menos.
Muy bien, Carmen.
La versión oficial
La declaración de Alcoy como Zona de Actuación Especial (ZAE), después de una docena de brotes, llevó a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana a realizar un inventario de las instalaciones propensas a contener y dispersar la bacteria. 322.092 inspecciones sólo en 2004, 117.927 en la provincia de Alicante, especialmente en Alcoy, y otras 45.000 hasta 2011. Incluso se hipercloró, contra la opinión de muchos expertos y asociaciones ecologistas, el agua corriente durante doce años.
El origen de tan frenética actividad hay que buscarla en el médico José Ignacio Soler, jefe del laboratorio del Hospital del Alcoy, que fue el que alertó que la Legionella estaba en la red de agua potable de la ciudad y que la “versión oficial”, que atribuye los contagios a cultivos de legionela a las torres de refrigeración de las naves industriales, se debe a que “si se reconociera que la bacteria llega a los hogares a través de la red de suministro municipal, los afectados podrían exigir indemnizaciones”.
