La lucha de los afectados por la Talidomida es contra la impunidad de las grandes farmacéuticas en España.
Detrás de la más visible Marea Blanca, hay un reguero de batallas, colectivas e individuales, que tienen que ver con la sanidad y la protección social de las personas que parecen estrellarse una y otra vez contra un muro. El muro que separa al estado y los grandes monopolios por un lado y las necesidades ciudadanas por otro.
Un muro cada vez más espeso que requiere de un tsunami popular para ser derribado.
Este mes de octubre hemos tenido algunas de estas batallas llamando a la puerta de nuestra atención.
La primera, la suspensión, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sentencia de una juez de primera instancia favorable al pago de 204 millones de euros en indemnizaciones a los afectados de la Talidomida.
Un mazazo a los supervivientes de la Talidomida que llevan décadas luchando por que se haga justicia.
Pero también un mazazo a todos, porque aunque el objetivo de las víctimas es una compensación económica, el juicio es, para quien quiere verlo, un juicio a la impunidad de las grandes farmacéuticas en España.
En concreto, la farmacéutica alemana Chemie Grünenthal empezó a comercializar desde 1957 la talidomida para el insomnio y las náuseas de mujeres embarazadas o lactantes asegurando que no produciría daños ni a las madres ni a los bebés.
Con el tiempo se descubrió que los bebés de madres que lo habían ingerido nacían con graves malformaciones y amputaciones. Sin embargo, aún teniendo suficientes indicios de los efectos adversos que provocaba, la mantuvo en el mercado farmacéutico alemán, en el que había entrado con mucha fuerza y estaba generando importantes beneficios económicos frente a los barbitúricos, muy vendidos pero muy tóxicos.
El fármaco se retiró del mercado en todo el mundo 1961. Salvo en España, donde siguió comercializándose dos años más.
Se tiene constancia de un documento fechado en mayo de 1962 en el que la filial española de Grünenthal notificaba a Alemania que no preveía informar a los médicos españoles de los efectos secundarios
El estado sencillamente ha abandonado a las víctimas y, atendiendo al argumento de la farmacéutica de que vendió el medicamento muy poco tiempo en España, ha reconocido oficialmente sólo 24 víctimas.
Pero los “niños de la talidomida” son más, Sólo en España, la Talidomida mató a cinco mil bebés en el momento y dejó a muchos afectados, unos 3.000. Nacieron con malformaciones en las extremidades y ahora, medio siglo después, los supervivientes (500 en toda España, 300 en la asociación AVITE) tienen otros problemas que exigen mayores cuidados.
La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados españoles. A las víctimas alemanas, mucho más numerosas, les paga pensiones vitalicias gracias a un acuerdo por el que el laboratorio salió absuelto en 1971.
En otros países ni eso. El fármaco se vendió en 50 países con 80 nombres distintos. De África, casi ni noticia y ahora se están moviendo los latinoamericanos.
De hecho, este medicamento provocó en todo el mundo el nacimiento de unos 12.000 niños con malformaciones: bebés sin brazos, sin piernas o sin ambos, sin manos y sin pies, con una especie de aletas diminutas o los pies saliendo directamente del tronco; sin ano, con orejas, ojos y genitales deformes o sin ellos…
100.000 bebés o no llegaron a nacer o murieron a los pocos días del parto. De los que habían sobrevivido unos meses, la mitad no llegaron a los cinco años.
Ahora el juez de la Audiencia Provincial de Madrid dice que el caso ha prescrito y revoca la condena al laboratorio alemán. De nada ha servido que la primer juez estimara que la farmacéutica había actuado de manera “culposa” por no haber tomado las medidas precisas para comprobar la seguridad del medicamento.
En España hemos sufrido los desmanes y el asesinato impune de conciudadanos nuestros a manos de varias farmacéuticas; de los efectos adversos de Lipobay (el anti-colesterol agresivo de Bayer) o de los dializadores defectuosos de Baxter sin que se haya hecho justicia en ningún tribunal ni se haya repuesto a las víctimas.
Todos, los Grünenthal, los Bayer, los Baxter… y los que nos han entregado a sus desmanes siguen campando a sus anchas por nuestra salud. Esto no es un problema del pasado. Los crímenes de las farmacéuticas no deberían prescribir.
En segundo lugar, el pasado 19 de octubre, recibimos en la redacción un correo con una petición de ayuda de María Ángeles Martínez Arráez. Nos dice esto. “Os estaríamos enormemente agradecidos si nos ayudaseis a publicar cómo una empresa farmacéutica, Qualicaps, no le hizo a un trabajador el parte de accidente de trabajo, habiéndole dado un ictus en el puesto de trabajo. Su compañero le llevó en taxi dos veces al H. U. La Paz, en lugar de llamar al 112.
Llegó a la empresa en coma. Le cambiaron de ropa en el taxi, estando en coma. Le querían poner de vacaciones porque no se presentaba a trabajar, etc.Ha pasado año y medio y seguimos luchando en los juzgados contra Qualicaps (una multinacional japonesa relacionada con el grupo norteamericano Carlyle) y la Mutua Universal.Ganamos juicios y siguen recurriendo, y mientras tanto no se encargan de la rehabilitación de mi marido, 52 años, sano. ¡¡Lo que se están ahorrando!!”
Y, por último, por ahora, también la abogada y periodista y paciente de cáncer viguesa, Beatriz Figueroa, está encabezando una lucha valiente por que se vea reconocida la incapacitante realidad del enfermo de cáncer.
Ha vuelto recientemente al Congreso de los Diputados para entregar las más de 500.000 firmas de apoyo que ya ha recabado para pedir una protección especial para los enfermos de cáncer, otorgándoles la incapacidad permanente en caso de que sea necesario.
Es la segunda vez que Figueroa visita la Cámara Baja para promover la propuesta, ya que el pasado 7 de abril presentó más de 375.000 firmas.
La propuesta legislativa ha sido elaborada por el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza, para solicitar un cambio normativo por el que se otorgue la incapacidad permanente, en su caso una vez que haya agotado el plazo máximo de duración de la incapacidad temporal, a toda persona que haya sido diagnosticada de un carcinoma.
Sin embargo, ambas veces su propuesta ha sido tumbada por los votos mayoritarios del PP.
Tampoco el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cede en los tribunales. Afirma que Beatriz es apta para trabajar porque el tumor está controlado, sin tener en cuenta los efectos del agresivo tratamiento con el que se le mantiene controlado.
Zancadillas a la hora de dar un paso para aliviar el sufrimiento de miles de enfermos y familias de toda España que tienen que batallar en dos frentes. Uno es el frente mismo de batallar contra una enfermedad terrible.Y, por otro lado, la batalla de la desprotección económica, en un momento donde los copagos van haciendo muy costoso lidiar con la enfermedad. Beatriz cobra una ayuda de poco más de 400 euros y el 40% va destinado a pagar medicinas.
Las luchas populares por una sanidad popular y una protección social digna son luchas valientes
Todas estas luchas necesitan el calor de un movimiento más amplio, donde sus reivindicaciones se vean recogidas en un programa de redistribución de la riqueza echando abajo el muro que nos impide acceder a los recursos que sí existen.
Por mucho que parezca que nos han dado Talidomida a todos y no nos llegan los brazos, es tan sólo una ilusión. La impunidad siempre acaba cayendo.
