Historiales clínicos en venta


¿Qué te parecería si una confidencia a tu médico de cabecera apareciera de repente en un informe de tu empresa?

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha puesto el grito en el cielo sobre el Real Decreto 69/2015, que regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada.

Este decreto modifica el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), es decir los datos administrativos y clínicos de la Asistencia Especializada, que se registran y codifican para su explotación.
El CMBD anterior ya había sido implantado en EEUU para calcular el coste económico por proceso sanitario, de tal forma que el paciente es un producto hospitalario que sufre una intervención y es catalogado (producto final).
Este es el tipo de asistencia que sirve a los monopolios farmacéuticos y de tecnología sanitaria, ya que potencia la medicalización y la sobreutilización tecnológica y dificulta la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo principal del nuevo CMBD, centrado en los datos administrativos y financieros del proceso por el que acude el paciente, es el “Open Data”, oro en paño para las multinacionales, especialmente compañías aseguradoras y fondos de inversión.
El Open Data es el petróleo del siglo XXI, y no precisamente para la evaluación de la calidad asistencial de los centros.
La implantación de un único sistema de información para centros públicos y privados va, sin duda, a acelerar el traspaso de pacientes y servicios a los centros privados, convenientemente catalogados por su alta eficiencia y excelencia.
El estado es la llave del gran capital privado para abrir la puerta de acceso a nuestras historias clínicas y otros datos recogidos por el sistema sanitario; hábitos, la salud mental, otras enfermedades…
Y, de nuevo, la Generalitat de Artur Mas se ha puesto a la cabeza de este proceso.
A principios de 2014 salió a la luz pública que en Cataluña los médicos del ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) entran como Pedro por su casa a “inspeccionar” las historias clínicas electrónicas completas de los pacientes de baja.
Los pacientes no saben nada hasta que los inspectores de sanidad les citan para la revisión.
El grupo de ética de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia y el Foro Catalán de Atención Primaria se horrorizaron.
Algo parecido se hace en Andalucía, y parece que se fundan en un Decreto-Ley de julio de 2014, que habla de “acceso preferentemente telemático a la documentación clínica del paciente”.
Pero el plato fuerte es el proyecto Visc+ de la Generalitat catalana, aprobado ahora hace un año, por el que a partir del presente año nuestro historial sanitario puede venderse a los grandes monopolios nacionales y extranjeros.
Hablamos de que farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o las empresas de recursos humanos, entre otros, accedan a datos recogidos en ambulatorios, hospitales, urgencias y recetas electrónicas.
Desde hace tiempo los datos clínicos están digitalizados en Cataluña. Se puede acceder a los historiales médicos desde cualquier punto del sistema sanitario y se centralizan datos del sistema de salud.
Pero la novedad es que el Proyecto Visc+ permite a los grandes monopolios compartir esos datos.
Este tema tampoco es nuevo.En enero de 2008, la entonces consellera Marina Geli (PSC) dio entrada en la Fundación pública TicSalut a monopolios farmacéuticos (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PWC, Deloitte), tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare).
Un auténtico lobby desde el que pudieron exigir la liberalización de los datos sanitarios.
En sus informes anuales, la consultora norteamericana PriceWaterhouse Cooper (PWC) ha abogado por la liberación de estos datos con el fin de “identificar cuáles son los grupos de riesgo poblacionales con mayor precisión”.
Con información sobre las características personales, comportamientos, patrones de consumo y enfermedades de las personas, las aseguradoras podrán ajustar sus primas al riesgo de sus clientes.
Joan Guanyabens, el director de la división sanitaria de PWC (que elaboró ​​el informe recomendando la liberación de datos), venía de ser máximo responsable del AQuAS, la agencia de la Generalitat que aprueba el proyecto Visc+ dos meses después del susodicho informe.La única pega, los datos son nuestros.
La agencia AQuAS, con el asesoramiento de PWC, convoca a nueve empresas a un “diálogo competitivo” para diseñar y poner en marcha el Visc+.
En el pliego de condiciones se explica que el objetivo es centralizar los datos médicos del sistema público para “mejorar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario”.
El papel de las empresas es poner los 25 millones de euros que cuesta la operación. Una inversión con un beneficio, “un catálogo de servicios”, un negocio basado en los datos de los ciudadanos.
En Inglaterra este tema ha generado una fuerte polémica. En Cataluña el silencio y la opacidad es enorme.
Aseguran la intimidad de los pacientes por el anonimato de los datos. Pero es fácil volver a ponerles nombre cruzando los datos del sistema sanitario con los de hospitales privados, seguros y farmacéuticas.
La protección del individuo no forma parte de las condiciones de los “diálogos competitivos”; lo que sí se pone como condición es la capacidad de influencia en medios de comunicación para vender las bondades de esta iniciativa.
Una investigadora de Harvard desarrolló un sistema que permite identificar al 87% de la población de los EEUU sólo sabiendo su fecha de nacimiento, su género y su código postal.

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